Bienvenid@ a un recorrido cultural y sentimental por el patrimonio de Madrona, Pueblo de la Tierra de Segovia
Resplandor del monopoly municipal.
La Corporación Municipal aparece en los medios rebosante de alegría porque, con los votos favorables del PSOE-IU y la abstención del PP, el pleno del Ayuntamiento ha aprobado el nuevo PGOU, un documento “que abre un gran futuro para esta ciudad en su desarrollo económico y social”, según el alcalde. De una parte llama la atención el gran número de alegaciones presentadas a su primera resolución: nada menos que 700. Hace dos semanas se publicó un nuevo texto con alguna modificación. Sin embargo, éste último ha sido impugnado, en quince días, por otras 510 alegaciones. De otra parte es de admirar el record de celeridad conseguido en el mandato legal de resolver y contestar estas alegaciones interpuestas por particulares, asociaciones culturales, sindicatos, profesionales, empresas, colectivos diversos y hasta humildes propietarios que ven cómo se les arrebata a golpe de decreto la parcela soñada de sus ahorros. Dada la complejidad de un plan de urbanístico, cada impugnación no sólo aporta legítimas opiniones, sino argumentos técnicos, juicios de profesionales especializados, cifras, cálculos, alternativas y otros análisis cualificados. Establece la Ley que, en sus relaciones con los ciudadanos, las Administraciones actúan de conformidad con los principios de transparencia y participación; asimismo las alegaciones y documentos presentados por los interesados deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, evitando en todo momento la arbitrariedad y la indefensión. A su vez, cada alegación debe ser contestada con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Desconozco si la actuación del Ayuntamiento es conforme a la Ley, lo que sí se constata es la poca atención que le merecen los argumentos de los ciudadanos a los que gobierna. Yo creo que un plan tan rebatido e impugnado les debería servir, como mínimo, para atenuar la desorbitada velocidad que imprimen a algunas fases del procedimiento.
Otro punto estelar son las cifras sobre previsión de población que se contemplan para el futuro. Segovia es en la actualidad una de las ciudades más caras e incómodas, no ya de Castilla sino de toda España. Mientras que desde Madrid se puede viajar libremente por autovía hasta La Coruña, Valencia o Sevilla, para llegar a Segovia se requieren peajes por túnel y autopista de pago. Una vez en la ciudad nadie sabe dónde dejar su vehículo y enseguida te percatas del ejercicio de arte que supone la movilidad. Asimismo resulta inaudito que su carretera de circunvalación sea de un sólo carril, insegura e incompleta.
A pesar de estos inconvenientes sus precios superan los de otras ciudades mucho más aventajadas en servicios y calidad de vida. ¿Por qué es tan cara la vida en una ciudad en la que su número de habitantes decrece (2.000 menos que hace diez años y en el conjunto de la provincia la variación es insignificante)? Una ciudad de estas características, sin industria, casi inaccesible, generadora de emigración... o está en África o es un coto de especulación pura y dura. El alcalde asegura que con este plan la ciudad queda preparada para duplicar su población. Es decir, el calvario de problemas actuales de carestía de la vida, acceso a la ciudad, movilidad, atascos.. y otros atolladeros para los que este plan no tiene respuesta, se pueden solucionar duplicando la población. Da la sensación de que, en lugar de una ciudad se planificara un parque de atracciones. Porque el enfoque que le están dando a Segovia es muy propio de un parque temático: los visitantes consiguen llegar, pagan una entrada, comen y regresan a casa con su colección de fotos.
Felonía sobre Madrona
Hasta 1925 todo el territorio de Madrona fue cultivado por renteros de tres o cuatro terratenientes. En esa fecha muchos de ellos pudieron acceder a la propiedad de algunas parcelas empeñando el trabajo de muchos años de su vida, a cambio de convertirse dueños de las tierras que tanto habían labrado. En 1936, el ejército sublevado llegó a Madrona y, declarándoles objeto de uso militar, requisó viviendas, pajares, cuadras, cijas, eras, solares y otros bienes. Setenta años más tarde el partido Socialista Obrero, el Comunista y, con su silencio, el Popular, trazan sobre el mapa de su término municipal un coto de 150 hectáreas de tierras de labor y las confiscan recalificándolas como espacio reservado para equipamiento militar. Cuelgan la recalificación en un tablón de anuncios del Ayuntamiento y conceden 15 días de plazo para reclamaciones. A esta recalificación le seguirá la expropiación, pero en realidad es una confiscación encubierta. ¿Se puede llamar de otra manera el pago de 70 céntimos por metro cuadrado en parcelas limpias y uniformes situadas a 4 kilómetros del centro de la ciudad? Segovia utiliza a Madrona como su patio trasero: aquí se consuman expropiaciones forzosas para depositar escombros del AVE, para la cárcel, para industrias molestas... o se perforan las tierras para extraer agua de su subsuelo.
Este es el presente y el futuro de los pequeños propietarios de Madrona después de dejarse la piel, de entregar una vida al esfuerzo por conseguir y mantener su trozo de tierra. Esa propiedad ha sido siempre el orgullo de quiénes lo consiguieron. Hoy, quienes tienen encomendada la protección de ese derecho tan legítimo, tan irrefutable, se han convertido en incautadores de superficies y promotores de construcciones de viviendas y se lo arrebatan a golpe de tablón de anuncios, con alevosía y premeditación, sin avisos ni consultas, sin palabras, sin entendimiento, en una suerte de terrorismo institucional, tal y como les confiscaron los bueyes en 1936.
Muchos de los perjudicados por esta recalificación deberán realizar todavía un nuevo esfuerzo para defender un derecho que creían inalienable: deberán encargar el asunto a los Tribunales, una acción desconocida para ellos, extraña y que nunca hubieran imaginado: un juez defendiéndoles de su Ayuntamiento. La completa judicialización de este proceso, es decir la resolución por vía de los jueces y tribunales de todas las cuestiones suscitadas en el PGOU por esta Corporación Municipal, no es sino un síntoma de la ineficacia de los valores y códigos de conducta sociales. Cuando la profesionalidad, la moral o la ética se muestran incapaces para encauzar comportamientos e impedir la precipitación del conflicto, entonces la judicialización o, lo que es lo mismo, el dejar en manos de terceros la solución de aquellos problemas que nosotros hemos originado se presenta cómo única salida ante tanto desmán.
Fernando Ayuso Cañas
